La 4T aprieta el paso y mete presión a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los tambores de guerra ya resuenan. Ahora fue el turno de los mandatarios morenistas, quienes, apegados al script de Palacio Nacional, fustigan, en particular, contra el ministro Javier Laynez y la presidenta la SCJN, Norma Piña.
Los apóstoles del Cuarta Transformación firmaron un desplegado en donde tildan de “inconstitucional” y “arbitraria” la decisión del ministro Javier Laynez Potisek de suspender el Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por el líder de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, en donde modifica algunos estatutos del Instituto Nacional Electoral.
El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, compartió a través de redes sociales, el texto en cuestión, en donde resaltan que la decisión del ministro Laynez “violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo”.
Además, acusan que las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE, pues el propósito del Plan B es “garantizar la democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”.
“Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables”, agregaron los morenistas.
Incluso, fueron más allá, calificaron como arbitraria la decisión del ministro y pidieron que sea revertida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo solicitó el titular del Poder Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado para restaurar el equilibrio y el respeto entre los Poderes de la Unión.
Entre las y los firmantes se encuentran las gobernadoras: Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; Claudia Sheinbaum, de la capital; Mara Lezama, de Quintana Roo; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Layda Sansores, de Campeche; e Indica Vizcaíno, de Colima; y los gobernadores: Rutilo Cruz Escandón Cadenas, de Chiapas; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Sergio Salomón Céspedes, de Puebla; Rubén Rocha, de Sinaloa; Américo Villareal, de Tamaulipas; Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur; Julio Menchaca, de Hidalgo; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Alfonso Durazo, de Sonora; David Monreal, de Zacatecas; Alfredo Ramírez, de Michoacán; Salomón Jara, de Oaxaca; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Carlos Merino, de Tabasco; y Cuitláhuac García, de Veracruz.
Hagamos un ejercicio de memoria.
El pasado 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek concedió al INE una suspensión a la entrada en vigor del Plan B electoral, por lo que podrá seguir operando como lo hacía antes de la reforma impulsada por el hijo favorito de Macuspana.
Además, otorgó la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
El ministro de la SCJN aseguró que entregó la suspensión “para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional”.
