La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Puebla hizo un llamado a fortalecer la seguridad jurídica en la aplicación del bloqueo de cuentas bancarias, al advertir que la falta de criterios claros puede generar indefensión y afectar la operación de empresas formales en el país.
El organismo empresarial señaló que, si bien México debe cumplir con sus compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, estas facultades deben ejercerse con estricto apego a la legalidad, transparencia y proporcionalidad.
COPARMEX reconoció que combatir las finanzas ilícitas es fundamental para preservar la competencia leal, la legalidad y la confianza en las instituciones; sin embargo, alertó que la imposibilidad de obtener una suspensión provisional inmediata ante el congelamiento de fondos puede derivar en la asfixia económica de empresas y personas.
Explicó que los procesos judiciales para recuperar el acceso a los recursos pueden prolongarse, lo que deja a los afectados sin liquidez durante el tiempo que dura su defensa legal. Además, la nueva normativa dificulta el acceso a estas suspensiones, obligando a los litigantes a recurrir al juicio de amparo para controvertir la reforma.
Ante este escenario, el organismo empresarial hizo un doble llamado. Por un lado, a las autoridades, para que la aplicación de estas medidas se realice con responsabilidad institucional, bajo criterios claros de legalidad, motivación y transparencia.
Subrayó que la ambigüedad en conceptos como “indicios suficientes” debe acotarse, ya que su amplitud puede vulnerar principios jurídicos y afectar la continuidad operativa de las empresas, así como el cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y comerciales, con impacto directo en trabajadores, proveedores y sus familias.
Por otro lado, COPARMEX exhortó al sector empresarial a reforzar sus mecanismos internos de prevención, incluyendo procesos de debida diligencia, verificación de contrapartes y cumplimiento normativo.
“El fortalecimiento de la integridad en las operaciones no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética para garantizar la viabilidad de las empresas y preservar la confianza en México”, concluyó.
