El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó este miércoles cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el DOJ, los acusados habrían conspirado con líderes de dicha organización criminal para facilitar el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.

“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa (…) y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, señala el comunicado oficial.

La acusación también refiere que integrantes del grupo conocido como “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían intervenido en el proceso electoral que llevó a Rocha Moya al cargo, mediante actos de intimidación contra sus rivales. Asimismo, se señala que, una vez en funciones en noviembre de 2021, el mandatario habría sostenido reuniones con miembros del cártel y ofrecido protección a sus operaciones.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Junto al gobernador fueron imputadas otras nueve personas, entre ellas el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador y exsecretario general de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez; y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.

También figura Dámaso Castro Zaávedra, actual subprocurador de la Fiscalía estatal, quien presuntamente recibía pagos mensuales a cambio de proteger a integrantes del cártel y filtrar información sobre operativos.

Entre los acusados se encuentra además Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta cargos adicionales por el presunto secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023. Según la acusación, ambas víctimas habrían sido torturadas y asesinadas por sospechas de colaboración con autoridades estadounidenses.

Completan la lista otros exmandos de seguridad y funcionarios estatales vinculados a tareas de procuración de justicia.

De acuerdo con el DOJ, la mayoría de los acusados enfrenta penas que van de 40 años de prisión hasta cadena perpetua, mientras que en el caso de Valenzuela Millán se contempla una pena mínima obligatoria de prisión de por vida.

Las autoridades estadounidenses consideran que los implicados se encuentran actualmente en México.

Esta acusación forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 en el mismo distrito judicial, que suman más de 30 personas imputadas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.